Reforma educativa propone currículo 50/50 y formación técnica
El Gobierno de Bolivia impulsa una reforma educativa estructural que propone sustituir la Ley 070 Avelino Siñani–Elizardo Pérez por un modelo técnico y descentralizado, con mayor participación regional, orientación productiva y estándares internacionales de evaluación.
La propuesta plantea distribuir la planificación educativa mediante el esquema “50/50”. La mitad de los contenidos quedaría bajo administración nacional y comprendería Historia de Bolivia, Geografía, geopolítica de fronteras y formación constitucional.
Malla regionalizada
El otro 50% sería definido por departamentos y municipios, con participación de universidades y sectores empresariales. La intención es adaptar la formación a las vocaciones productivas de cada territorio, entre ellas agroindustria, minería, comercio y turismo.
El Ejecutivo vincula este cambio con una orientación hacia la ciencia, la innovación y la tecnología, además de una preparación enfocada en las capacidades requeridas por el mercado laboral.
El presidente Rodrigo Paz Pereira resumió esa orientación ante la comunidad académica con la frase: “La ideología no da de comer; la educación sí da futuro”.
Como parte de la reforma educativa en Bolivia, la administración gestiona además el retorno del país al Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), con el objetivo de medir competencias bajo estándares internacionales.
Transición normativa
El Ejecutivo concretó más de 50 millones de dólares mediante créditos internacionales articulados con la CAF–Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Los fondos financiarán el soporte técnico de la transición y acciones para enfrentar el rezago de infraestructura educativa.
El Ministerio de Educación plantea una nueva legislación más simple y flexible, diseñada para adaptarse a cambios tecnológicos sin quedar obsoleta rápidamente.
La Ley 070 continúa vigente mientras el Congreso no apruebe su reemplazo. En paralelo, mesas multisectoriales con docentes, especialistas pedagógicos y organizaciones sociales trabajan en un nuevo reglamento de evaluación y en el rediseño curricular.
